La Prevención de Riesgos Laborales en las Comunidades de Propietarios. Responsabilidades


         
       La LPH en su art.10 a)determina que las tareas de conservación que corresponden a la Junta de propietarios “los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación”, y el art.14 de la LPH dispone que le corresponde a la Junta de propietarios: c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c). Estas obras, pueden ser realizadas por personal asalariado de la comunidad o por terceros, constructoras, autónomos. Le corresponde al presidente y al administrador de la Comunidad conocer las obligaciones que deben de cumplir para adaptar a la comunidad a la normativa vigente y las responsabilidades por su incumplimiento. La comunidad se asimila a la promotora de la obra a realizar. Hay que distinguir igualmente la obra mayor de la obra menor ya que en la práctica lleva aparejada consecuencias jurídicas. La obra menor, se caracteriza, por ser sencilla desde el punto de vista técnico, son en la mayoría de los casos de escasa entidad, no afectan a elementos fundamentales de construcción, como son los estructurales y su tiempo de realización es mucho menor. La obra mayor, ya requiere de un proyecto técnico y la supervisión de un técnico cualificado. El R.D.1627/1997 establece la clasificación, de las obras que no requieren proyecto:
a) Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administrativa (revoco y pintura de fachadas, montaje de instalaciones, cableado de fachadas, reparación de humedades, etc.)
b) Obras de corta duración (acometidas a edificios, pequeñas Reparaciones de aceras, sustitución de tejas en cubierta, etc.)
c) Obras de emergencia (demoliciones por peligro inminente, apeos y Apuntalamientos, refuerzos, obras consecuencia de roturas de conducciones, etc.)
         Sin embargo la entidad, magnitud y volumen de las obras no son criterios para obviar las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
El propio real decreto antes citado establece que “El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción”.
   Entrando en el tema de la responsabilidades empresariales por incumplimientos de las obligaciones preventivas, debemos partir de un principio básico, según el cual, desde la entrada en vigor de la LPRL, los empresarios asumen la obligación de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores (artículo 14); siendo responsables de sus acciones u omisiones cuando implique un incumplimiento de lo que previene la LPRL. el artículo 42 de la LPRL establece que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”, además, añade que “Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social”; La LISOS determina que los sujetos responsables de las distintas infracciones administrativas, además de referirse a la figura del empresario con carácter general, cita específicamente en el art. 2. 8. a “Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales.” En el ámbito penal, es una responsabilidad exigible a todo aquel que, concurriendo los elementos del correspondiente tipo penal, incumpla sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito civil, por la via del art.1902 del CC.

        En cualquier caso, la jurisprudencia, fundamentalmente la emanada de la Sala IV, ha venido a establecer una serie de criterios de carácter general en materia de responsabilidad, esencialmente, en aquellos supuestos, los más graves, en los que el incumplimiento de la normativa de prevención ha dado lugar a un accidente de trabajo.

        Qué posición adopta la comunidad, en caso de que contrate trabajadores, la de empresario, no pueden desvincularse de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, por lo tanto, deben garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores.
En el caso de que la comunidad contrate con terceros, es decir haga de promotor de la obra, hemos de destacar un conjunto de obligaciones , siendo la mayor parte, las medidas preventivas en las que se exige una conducta activa de protección contra los riesgos que pueda suponer para la seguridad y salud y en menor medida, el mantenimiento de una actitud in vigilando orientada hacia otros sujetos, los llamados terceros, como las relaciones que se producen entre los contratistas y los subcontratistas, en este punto es dónde surgen la responsabilidad solidaria que establece la normativa, hay otra responsabilidad y es la  de  in iligendo, la de elegir a la persona idónea, la que obstante la responsabilidad adecuada para desempeñar el trabajo contratado. Los criterios jurisprudenciales van en el sentido de un lado lo señalado en el E.T. art.4.2.d y 19.1 “el derecho del trabajador a su integridad física y la adopción del empresario de las medidas de protección eficaces en materia de prevención”., De otro, la responsabilidad contractual del art.1101 del CC , y esta resulta extensible, y no puede enervarse el empresario de su responsabilidad al menos que pruebe que ha agotado toda diligencia exigible inclusive más allá de las exigencias reglamentarias y debe este evaluar los riesgos, los reglamentarios y más alla de los mismos –art.6.3 LPRL-,salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la carga probatoria le corresponde en todo caso al empresario –art.96.2 de la LRJS “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad Pero y la responsabilidad de la Comunidad de Propietarios, como empresario, teniendo trabajadores a su servicio, lo que hemos comentado anteriormente, como empresa usuaria, los contratos de la comunidad con empresas de trabajo temporal, la comunidad es la que tiene las obligaciones previstas en la LPRL  y Real Decreto 216/1999 y art.28 de la ley 31/1995-, las obligaciones establecidas son:
a) Informar a la empresa sobre las características del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas. Esta información deberá incluir los resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo que se pretende cubrir.
b) Realizar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir estando prohibido celebrar un contrato de puesta a disposición, para cubrir un puesto de trabajo del que no se haya efectuado la preceptiva evaluación de riesgos laborales.
c) Verificar que el trabajador reúne las cualificaciones y capacidades
Requeridas para el desempeño de las tareas y ha sido declarado apto para realizar el trabajo, a través de un certificado médico.
d) Informar al trabajador, antes de que comience a trabajar, de los riesgos para su seguridad y salud, de las medidas de prevención aplicables, y las medidas ante situaciones de emergencia. Y La comunidad de propietarios , como centro de trabajo, cuando una Comunidad de Propietarios, realiza obras en su edificio, conforme a lo establecido en el artículo 2 del R.D. 171/2004, asume la condición de “empresario titular del centro de trabajo”, puesto que es quien tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar, a través de la aprobación del Presidente (art. 13 LPH) y la gestión de los Administradores de Fincas (art. 20 LPH), el “centro de trabajo”, entendido este término como “cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo”.

En efecto, el titular del centro de trabajo es definido en el Real Decreto 171/2004, como la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, de lo que se deduce, que se incluyen las empresas cuya actividad se limita a poner a disposición de otras el lugar donde desarrollar su actividad productiva con sus propios trabajadores. Y  la comunidad como promotor: La Ley 38/1999 de Ordenación de Edificación define la figura del promotor de obras como: “Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.”

Por otro lado, el RD 1627/1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, define al promotor como: “Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.” RD 1627/1997, encontramos que nos enumera varios ejemplos de la figura del promotor, entre las cuales cita:“ Las Comunidades de propietarios que promueven obras para la reparación, rehabilitación, mantenimiento o mejora de sus inmuebles. En este caso el promotor es la propia comunidad de propietarios representada por su presidente.” Por tanto, cuando una Comunidad de Propietarios acomete cualquier tipo de obra de reparación, mantenimiento o mejora de sus inmuebles, adquiere la consideración legal de promotor de las citadas obras y por tanto, asume todas las obligaciones que son inherentes a esta figura y también todas las responsabilidades que de su posible incumplimiento pueden derivarse. En las obras de construcción sin proyecto, la Comunidad de Propietarios deberá realizar evaluación específica de la obra la cual será presentada a la Autoridad Laboral cuando se entregue el formulario cumplimentado de la Apertura de Centro de Trabajo y en su función de Promotor deberá comprobar que se respeta la Ley de Subcontratación en la Construcción. Además, cuando la obra se realice por más de una empresa o trabajador autónomo, se deberá nombrar un coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra-STJ U.E 7.10.2010-, cuando coexistieren varios empresarios en una misma obra o varias subcontratas. Pero cuales son las obligaciones de la comunidad como promotora: 1) Informar a la correspondiente Autoridad en materia laboral de la iniciación de la realización de la obra.
2) Elaborar un plan de Seguridad y Salud.
3) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores Autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Y el administrador de fincas , La jurisprudencia señala la responsabilidad a este como la de un profesional cualificado y no es de una obligación de resultados sino de buen hacer , de buena gestión y de su deber de adoptar las cautelas adecuadas en el ejercicio de sus funciones apercibiendo al Presidente o la  Junta de propietarios de la adopción de medios, con el fin de evitar cualquier daño que se produzca a la comunidad, y en todo caso por una relación contractual en la que es aplicable lo previsto en el art.1101 del CC en cuanto a los daños y perjuicios causados por terceros y como mandatario responsable al amparo del art.1726 del CC, no solamente por dolo sino por culpa. Para que el Administrador incurra en responsabilidad civil es necesario que se produzca, como hemos visto, un incumplimiento o infracción del contrato de mandato recibido de manos de la comunidad de propietarios. Dicho incumplimiento puede consistir en un acto u omisión, doloso o culposo, del que se desprenda la vulneración de las obligaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, el Código civil o el propio contrato suscrito entre las partes. La responsabilidad del presidente de la comunidad es una responsabilidad contractual, en el mismo sentido que la exigencia al administrador de fincas conforme a lo previsto en los arts.1101 y 1726 del CC.  En cuanto a la responsabilidad administrativa, es la prevista en el art.2.2 de la LISOS, no es aplicable a la administración de la finca , sino via repetición, en el mismo sentido ,los recargos por prestaciones del art.164 del R.D.L.8/2015, que determina que “Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50%, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador, es de destacar que este recargo no es asegurable –STSJ Aragón 27-05-2009-, Señala la Sentencia que “La Comunidad de Propietarios, conforme a la regulación específica de la ley de 21-7-1960, de Propiedad Horizontal, tiene por objeto genérico regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes -art. 6-, o conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común -art. 14-, y de ello se derivan las obligaciones específicas relativas al mantenimiento de los elementos comunes que se describen en el art. 10 de la citada Ley, que pueden exigir, habitual o periódicamente, trabajos de construcción, pintura, reparaciones, limpiezas e incluso vigilancia, a realizar por terceros trabajadores o empresas que se dediquen a ese objeto o actividad propia. En el caso enjuiciado no se puede considerar empresario infractor a la Comunidad codemandada, porque la actividad de su contratista es distinta de la Propia, y porque en los Hechos Probados no consta intervención alguna de dicha Comunidad en la ejecución del trabajo que dio lugar al accidente. Éste ocurrió cuando la trabajadora desarrollaba su labor bajo las órdenes exclusivas de su empresa, único empresario infractor de las medidas de prevención de riesgos que cita la sentencia de instancia. En cuanto a la responsabilidad penal –arts.316 a 318 del C.P.” La tipificación de tipo penal surge cuando aquellos que, estando legalmente obligados, y con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física. Son denominados delitos de riesgo.Para que surja la responsabilidad penal, no hace falta que se produzca un resultado dañoso para el trabajador, tan solo es necesario haber puesto al mismo en una situación de peligro grave para su vida, salud o integridad física, como consecuencia de una infracción de una norma de prevención de riesgos laborales.
Recomendaciones.- A la hora de contratar la obra con una empresa, debemos asegurarnos de que cumple la normativa a tales efectos y de que acredite solvencia técnica, económica y cuantitativa. En particular, entre otros aspectos, deberemos obtener la siguiente información:
Que dispone de recursos humanos y que cuenta con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada.
– Que está al corriente en obligaciones de Seguridad Social y Agencia Tributaria.
– Que esté inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. Esta inscripción supone la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos de calidad y solvencia (artículo 4.3 Ley 32/2006).
1.-Conservar fotocopia de toda la documentación aportada por la empresa contratista que acredite su competencia. Al menos hasta la finalización de la garantía de la obra.
2.- Solicitud de licencias y permisos necesarios para la realización de      las obras, que solo deben comenzar una vez se tengan todos las licencias         y permisos concedidos.
 3.-Formalizar un contrato de obra entre la comunidad de propietarios y la empresa contratista, en el que se estipulen claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como las causas de resolución en caso de incumplimiento del contrato. Al menos, en el contrato se deberá de hacer constar expresamente: comienzo y plazo de la obra, presupuesto, forma de pago y cuantas estipulaciones sobre prevención de riesgos laborales se consideren oportunas, o remitirse al proyecto técnico elaborado por técnico competente.
4.-No pagar nunca la totalidad del importe de la obra al contratista antes de que éste la ejecute correctamente en su totalidad. En este sentido, es aconsejable fraccionar el pago de la obra en función de los plazos de ejecución y retener un porcentaje del importe total hasta después de la finalización de la obra, en concepto de garantía.
 5.-Es recomendable hacer un seguimiento de la obra, a través de un técnico o Dirección Facultativa, que supervisará la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones de las partes
 Y ponerse siempre en manos de un abogado para el asesoramiento jurídico y un técnico cualificado competente para la elaboración de un proyecto, seguimiento y verificación de la obra a realizar, incluso cuando no sea preceptiva su asistencia.
  Nuestro despacho está especializado en Derecho a la Propiedad Horizontal, Derecho de Daños  y Derecho de Empresa.

JMGS
Abogado-Economista












       


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